El 11 de diciembre de 2025 se publicó la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Registro Público Nacional del Agua, reasignación de concesiones, delitos hídricos y multas al doble.
El 11 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales. La norma entró en vigor el 12 de diciembre de 2025 y representa el rediseño más profundo del régimen jurídico del agua desde 1992. Para la industria, cambia el trato de las concesiones, la fiscalización y el catálogo de sanciones.
La expedición de una Ley General de Aguas estaba pendiente desde la reforma constitucional de 2012 al artículo 4°, que reconoció el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua. La iniciativa fue presentada el 9 de octubre de 2025 por el Poder Ejecutivo Federal y aprobada en el Senado con 85 votos a favor y 36 en contra, tras más de 50 modificaciones en la Cámara de Diputados atendiendo observaciones de sectores agrícola, transportista y campesino.
La exposición de motivos reconoce una crisis hídrica estructural: sobreexplotación de acuíferos, contaminación creciente, desigualdad en el acceso y déficit de tratamiento de aguas residuales.
Sustituye al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). La nueva plataforma centraliza títulos de concesión, asignaciones, permisos de descarga y transmisiones, con mayor trazabilidad y control por parte de CONAGUA.
Qué implica: las empresas con concesiones vigentes deberán quedar migradas al nuevo registro. Los actos posteriores (transmisiones, ampliaciones, prórrogas) deberán inscribirse en el sistema unificado.
La ley faculta a la autoridad a redistribuir volúmenes concesionados cuando:
Qué implica: las concesiones dejan de ser un derecho estático. Una empresa que reciba una concesión importante pero no la use puede perder volumen. La autoridad puede reasignar a otros usuarios de la cuenca.
Se incorpora un capítulo específico de delitos hídricos al régimen sancionador, en adición a las multas administrativas. Conductas típicas incluyen:
Qué implica: por primera vez, ciertas conductas dejan de ser solo infracciones administrativas y pasan al ámbito penal.
Los montos de las multas por infracciones se duplican respecto al régimen anterior. Esto incluye multas por vertidos sin permiso, incumplimiento de límites de descarga, uso indebido de aguas nacionales y omisión de declaraciones trimestrales.
En el mismo decreto se reformó la Ley de Aguas Nacionales para armonizarla con la nueva Ley General. Los cambios refuerzan las facultades de fiscalización y las obligaciones de reporte para concesionarios.
Si su empresa opera bajo concesión CONAGUA o permiso de descarga:
La Ley General de Aguas no es un cambio menor. Para industrias con consumo intensivo de agua, esta reforma reordena el riesgo regulatorio de los próximos años. Conviene hacer una revisión ordenada del expediente concesión / descarga y anticipar los ajustes que exigirán el nuevo Registro y las obligaciones de comprobación de uso.
En Celtis acompañamos a industrias del noreste en la auditoría de concesiones vigentes, la actualización de declaraciones trimestrales y la coordinación con CONAGUA para adecuaciones bajo la nueva normativa.
Fuentes:
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